Por más de tres horas
sesionó ayer la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. El
objetivo de la convocatoria fue escuchar el análisis de distintos
constitucionalistas sobre la controversia jurídica que se desató en
torno al proyecto que establece un límite a la reelección de
parlamentarios y otras autoridades.
El
debate surgió luego de que la semana pasada el Senado aprobara la
iniciativa, sin una norma transitoria que -según se transmitió durante
toda la discusión en esa corporación- habría tenido un efecto
retroactivo respecto de las inhabilidades que fija el texto, haciéndola
aplicable a los actuales parlamentarios.
En
ese contexto, durante el tercer trámite de la iniciativa en la Cámara
Baja, todos los constitucionalistas invitados -Jorge Correa Sutil,
Patricio Zapata, Francisco Zúñiga y Fernando Atria-, además del propio
secretario general de esa corporación, el magallánico Miguel Landeros,
concordaron con dicha interpretación y advirtieron que la norma, al
modificar los requisitos constitucionales para postular a determinados
cargos, afectaría a los senadores que para la próxima elección sumen dos
periodos y a los diputados que hayan cumplido tres.
Correa
Sutil aseguró que “el sentido de lo aprobado por la Cámara Alta es que
se hace aplicable a los actuales parlamentarios en ejercicio”. Mientras
que Zapata subrayó que “aquí se produjo un error de interpretación” y
que los legisladores actualmente en funciones para la próxima elección
estarían afectos a una inhabilidad.
Por
su parte, Osorio afirmó que la doctrina constitucional es clara
respecto de este punto y que la norma, al no fijar ningún tipo de
excepción, rige en el acto.
A
su vez, Zúñiga sostuvo que esta opera como requisito de elegibilidad de
interpretación restrictiva para los eventuales candidatos y candidatas
que postulen a los cargos afectos a la normativa.
Despejado
el punto, los juristas de todas formas plantearon que de aprobar el
texto tal cómo está podría implicar problemas en su aplicación. Esto,
porque la reforma constitucional modifica artículos que no tendrían un
correlato con la Ley Orgánica Constitucional de Elecciones Populares y
Escrutinios, que otorga facultades al Servel para declarar las
candidaturas.
En
ese sentido, los abogados advirtieron que, según esa normativa, el
Servel solo puede impugnar candidaturas que no cumplan con lo
establecido en los artículos 25, 38, 50 y 57 de la Constitución y no a
aquellos modificados por la reforma constitucional. Ese punto, según los
constitucionalistas, podría generar confusión en el ámbito de
aplicación de la norma y terminar judicializando la materia.
Landeros
recomendó a los parlamentarios presentar una reforma a la Ley Orgánica
Constitucional de Elecciones Populares y Escrutinios posterior a la
aprobación del límite a la reelección para evitar problemas de
interpretación y hacerlas armónicas.
Otro
punto que marcó la discusión es el efecto que esta ley tendrá para
alcaldes y concejales. Esto, porque el Senado rechazó una disposición
que ampliaba el plazo de aplicación de las limitaciones en el caso de
dichas autoridades.
Con
todo, los legisladores no lograron consensuar si el proyecto debía o no
ser enviado a comisión mixta para perfeccionar esas eventuales
controversias o, finalmente, despachar a ley lo aprobado por el Senado.
Es así, que hoy finalmente se reunirá una vez más dicha comisión y decidirán el futuro del proyecto.