La Cámara de Diputados despachó a segundo trámite el proyecto sobre integración social y urbana,
iniciativa que generó una serie de cuestionamientos, porque en opinión
de algunos parlamentarios de oposición, el texto entrega una serie de beneficios a las inmobiliarias.
Por esta razón, el legislador socialista, Manuel Monsalve, exigió a una veintena de parlamentarios que tienen intereses o acciones en empresas inmobiliarias se inhabilitaran de votar, lo que aún es una decisión personal, aunque de manera posterior, la comisión de Ética puede establecer sanciones económicas a quienes tengan algún conflicto de interés.
“En la Sala hay diputados que son dueños de inmobiliarias. Es evidente
que el proyecto de ley contiene artículos que benefician a esas
empresas, por lo tanto resulta razonable, de acuerdo a reglamento, que
los parlamentarios que tienen interés personal, en alguno de los casos
del 100% de las empresas, deban abstenerse de votar”, expresó Monsalve.
Uno de los diputados que según su declaración de interés tiene
participación en inmobiliarias es Pablo Kast de Evópoli, quien defendió
haber votado este proyecto.
“En la época que era arquitecto construía departamentos. Hoy día es una sociedad pasiva.
Es un tema que me interesa mucho, el de la integración social. Por lo
tanto, el mismo artículo dice que cuando un parlamentario siente un
interés especial legítimo y transparente, me sentí no sólo habilitado para votar sino que también para liderar esta discusión en la Comisión de Vivienda”, comentó Pablo Kast.
Los parlamentarios que figuran con participación el sociedades inmobiliarias o constructoras que votaron a favor son Ramón
Barros, Catalina Del Real, René García, Pablo Kast, Sebastián Keitel,
Issa Kort, Javier Macaya, Patricio Melero, Christian Moreira, Luis
Prado, Diego Paulsen, Juan Santana, y Matías Walker.
Los que tienen participación y votaron en contra, en tanto, son Ignacio Urrutia, Boris Barrera, Natalia Castillo, Sofía Cid, Jaime Mulet, Jaime Tohá.
La lista de diputados que participan en sociedades de inversión o son propietarios de más de tres o cinco propiedades y que igualmente votaron el proyecto es aún más extensa y se puede revisar (junto al listado de quienes no registran dichos antecedentes) en este análisis del Centro de Producción del Espacio.
Pese a los cuestionamientos y a la transversalidad de parlamentarios
que figuran con participación o propiedad de empresas inmobiliarias, no hubo ninguno de ellos que en la votación del jueves pasado, en la Cámara de Diputados, invocara su inhabilidad para votar el proyecto de integración social y urbana.
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