La extensa franja marítima de Chile y la posición geoestratégica de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena han comenzado a tomar un rol central en el debate legislativo para instaurar la Economía Azul como una política pública de carácter nacional, superando la lógica de esfuerzos científicos o empresariales aislados.
El primer hito de este acuerdo transversal se concretó durante el “Diálogo Nacional Oceánico: Oportunidades para Chile en Economía Azul”, desarrollado en el Ex Congreso Nacional. En la instancia, senadores y diputados acordaron presentar un proyecto de resolución para pedir formalmente al Gobierno la elaboración de una hoja de ruta que coordine la inversión, regulación e investigación en materia marítima.
El rol estratégico del territorio austral y el respaldo transversal
La diputada Andrea Macías (PS), integrante de la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena, destacó el avance de esta discusión hacia el ámbito político: “Hoy día creo que va cobrando mucha más fuerza todo el trabajo y el desafío que tenemos en estas materias”, señaló, enfatizando el rol clave de las regiones australes por su condición bioceánica y su proyección hacia el continente blanco.
La iniciativa es promovida por la Bancada de Economía Azul, el Caucus Oceánico del Senado y la organización Cinco Chile. Durante el encuentro, la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, y el presidente del Caucus Oceánico, senador Sergio Gahona (UDI), valoraron el consenso político, subrayando que la política oceánica debe equilibrar la conservación ambiental —incluyendo el Tratado sobre Biodiversidad Marina (BBNJ)— con las oportunidades de desarrollo económico y tecnológico para el país.