En medio de la intrincada geografía de los canales patagónicos de la provincia de Última Esperanza, el letargo y las promesas incumplidas en Puerto Edén han vuelto a colisionar con la fiscalización pública. En una sesión extraordinaria solicitada por el pleno del Consejo Regional (CORE) de Magallanes y de la Antártica Chilena, autoridades políticas y dirigentes locales desmenuzaron el crítico estado de los proyectos de inversión acordados hace tres años para esta apartada localidad, un debate cruzado por duros cuestionamientos administrativos y el malestar palpable de sus habitantes.
La instancia estuvo marcada por las recientes observaciones de la Contraloría General de la República, organismo que emitió un informe de 200 páginas advirtiendo severas irregularidades en la adjudicación y ejecución de obras vitales, como la renovación de las pasarelas peatonales, la posta de salud rural y la sede social comunitaria.
La defensa del Ejecutivo y la reestructuración interna
Frente al pleno del CORE, el Gobernador Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies, entregó un balance sobre las iniciativas, enfatizando las complejidades logísticas y territoriales de construir en una zona extrema, emplazada en un Parque Nacional y con terrenos históricamente no regularizados.
Ante las críticas por los retrasos en las investigaciones internas derivadas del dictamen de Contraloría —específicamente en el polémico proyecto de las pasarelas—, la máxima autoridad regional blindó el curso de las indagatorias.
“No le corresponde a este gobernador hacer juicio o perjuicio de funcionarios hasta que se lleve bien el sumario y se termine este proceso. Tienen que seguir el justo proceso al respecto”, sentenció Jorge Flies.
El gobernador descartó además un fraccionamiento indebido de contratos, argumentando que las licitaciones en zonas tan apartadas requieren montos acotados para incentivar a empresas de menor tamaño, dada la nula respuesta de las grandes constructoras. Sin embargo, confirmó que la crisis cobró costos políticos internos: se solicitó la renuncia del jefe de la división involucrada y se instruyó que la asesoría jurídica reporte, de ahora en adelante, directamente a la gobernación.
“La justicia que llega tarde no es justicia”
Desde la vereda fiscalizadora, el consejero regional Rodolfo Arecheta elevó el tono ante los antecedentes revelados por Contraloría, los cuales apuntan a que familiares de funcionarios del Gobierno Regional participaron en actos administrativos vinculados a empresas adjudicatarias que no cumplían con las bases, como ocurrió con la firma forestal Los Robles.
Arecheta apuntó directamente a la permanencia de funcionarios cuestionados en puestos clave, exigiendo suspensiones inmediatas mientras se desarrollan las investigaciones.
“Cuando hay irregularidades, [queremos que] haya responsables y eso se haga con celeridad, porque la justicia que llega tarde muchas veces no es justicia”, advirtió el consejero, cuestionando la histórica lentitud de los procesos sumariales al interior del aparato regional.
El hastío en los canales: pasarelas cortadas y antenas apagadas
El contrapunto más crudo de la jornada llegó desde el propio territorio. Juan Carlos Tonko, vicepresidente de la Cooperativa de Pesca y Desarrollo de Puerto Edén, desestimó parte del relato oficial y expuso la cruda realidad de una comunidad que percibe una desconexión total entre los escritorios de Punta Arenas y la vida en los fiordos.
Tonko denunció el fracaso absoluto de una inversión superior a los 90 millones de pesos destinada a instalar internet satelital Starlink, un sistema que —aseguró— jamás dotó de conectividad a los hogares de la localidad. Asimismo, graficó el absurdo administrativo en la principal vía de tránsito del poblado.
“Hay dos pasarelas que están construidas, pero ninguna tiene conexión una con la otra”, reveló el dirigente, alertando sobre el grave riesgo de accidentes para los residentes y los cientos de visitantes que arriban en las rutas marítimas de Tabsa, Navimag y cruceros internacionales.
Finalmente, el representante de Puerto Edén emplazó a las autoridades a abandonar la retórica de los diagnósticos, exigiendo que “por única y primera vez” el Estado garantice soluciones de fondo que permitan el desarrollo definitivo de uno de los enclaves más aislados y estratégicos de la Región de Magallanes.