Gerardo Pérez F.
El
viernes se dio a conocer el informe de la misión de la Oficina del Alto
Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU que visitó Chile tras
el estallido social. El texto del organismo asegura que en el país “se
han producido un elevado número de violaciones graves a los derechos
humanos”.
El
informe de la misión que estuvo en el país desde el 30 de octubre hasta
el 22 de noviembre detalla que “hay razones fundadas para sostener que,
a partir del 18 de octubre se han producido un elevado número de
violaciones graves a los derechos humanos. Estas violaciones incluyen el
uso excesivo o innecesario de la fuerza que resultaron en la privación
arbitraria de la vida y en lesiones, la tortura y malos tratos, la
violencia sexual y las detenciones arbitrarias”.
En
esa línea, la entidad encabezada por la ex Presidenta de Chile Michelle
Bachelet afirma que “ha podido observar que ciertas violaciones a los
derechos humanos, en particular el uso indebido de armas menos letales y
los malos tratos, son reiteradas en el tiempo, en el espacio y con
respecto a quienes son los supuestos perpetradores y las víctimas”.
Tras
el informe, el Gobierno ha asegurado que no se han cometido graves
violaciones a los Derechos Humanos y han salido a defenderse, sin
embargo, desde la oposición avalan el texto.
En Magallanes el informe generó diversas opiniones.
Arturo
Díaz, presidente regional de Convergencia Social (CS), dijo que “lo
descrito en el informe de la ONU solo viene a corroborar las
conclusiones entregadas por Amnistía Internacional y Human Rights Watch
hace un tiempo, en el sentido que desde el 18 de octubre se han
producido graves violaciones a los derechos humanos, principalmente a lo
que se refiere a uso excesivo de la fuerza, torturas, violaciones y
otras formas de abuso sexual tanto a hombres como mujeres. A pesar de
los esfuerzos del Gobierno y partidos oficialistas por tratar de ocultar
esta situación, a esta altura es un hecho indesmentible que
lamentablemente Carabineros y miembros de las FF.AA. en su calidad de
agentes del Estado, han cometido graves atropellos a los DDHH. La tarea
de aquí en adelante es buscar a los responsables para que enfrenten a la
justicia entendiendo que absolutamente nadie puede estar sobre la ley”.
Mientras
que el presidente regional de Renovación Nacional, Gabriel Vega,
defendió la postura del Gobierno e indicó que “al leer el informe en
detención uno se da cuenta de que señala que luego del 18 de octubre se
aumentaron los hechos de violencia en el país, que afectaron a personas
civiles, no obstante, el informe también es categórico en señalar que
también los afectados han sido personas que están encargadas por parte
del Estado a cumplir las leyes. Reconocemos primero la importante labor
que están realizando las policías tanto de la PDI como de Carabineros de
Chile, de quienes estamos bastantes agradecidos porque han sido quienes
han mantenido y han restaurado la paz social. El informe no es
alarmante respecto a la acción que está llevando el Gobierno, ya que el
informe señala que el Gobierno ha sido activo en solicitar medidas para
restablecer el orden social”.
Finalmente,
la presidenta regional de la DC, Eugenia Mancilla, manifestó que “este
informe de la ONU, se suma a otros informes de organizaciones de DD.HH. y
a los reportes del INDH, que viene a ratificar lo que los chilenos
tenemos claro, que desde el inicio del estallido social se han producido
un número significativo de violaciones graves a los derechos humanos
por parte de agentes del Estado. Muertes, vejaciones, detenciones
ilegales, maltratos y apremios ilegítimos, abusos sexuales en
comisarías, muchos de ellos hechos acreditados y que mayoritariamente
están denunciados ante el Ministerio Público, quien se encuentra abocado
a la investigación para identificar a los responsables. Esto es muy
grave y esperamos que el Gobierno no siga desentendiéndose de ello y
asuma su responsabilidad política en estos graves hechos”.