Un duro cuestionamiento realizó el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, tras la orden judicial que dispone el traslado de Ronald Quiñones Quintero —líder de la peligrosa banda criminal “Sicarios del Gran Concepción”— desde el Complejo Penitenciario de Rancagua hacia el Complejo Penitenciario de Punta Arenas.
El imputado, en prisión preventiva desde 2025, se encuentra formalizado por múltiples delitos de alta gravedad, entre ellos homicidio calificado, secuestro, sustracción de menores, asociación ilícita e incendio con peligro para las personas. Pese a los informes técnicos desfavorables y la rotunda oposición de Gendarmería de Chile, el tribunal acogió la solicitud de la defensa del acusado ordenando su reubicación en la zona austral.
Riesgo penitenciario y desatención a informes técnicos
A través de sus canales oficiales, el ministro Arrau advirtió sobre las severas consecuencias operativas que genera la medida. “Ese penal no cuenta con dependencias de máxima seguridad, lo que pone en serio riesgo la seguridad penitenciaria, de los gendarmes y de todos los chilenos”, enfatizó. Asimismo, agregó que “cuando una decisión judicial hace oídos sordos a los informes técnicos de Gendarmería, debilita el orden y la segmentación que necesitamos en las cárceles, favoreciendo que los recintos penitenciarios sigan siendo escuelas del delito”.
El caso de los “Sicarios del Gran Concepción” involucra a una estructura criminal acusada de ejecutar crímenes por encargo, entre ellos el homicidio de junio de 2025 afuera de un local nocturno en la capital del Biobío y ataques armados en el sector Palomares. El arribo de un reo de esta peligrosidad a Magallanes abre un tenso debate sobre la capacidad de contención del penal local y la vulnerabilidad de la seguridad en recintos que carecen de aislamiento de alta tecnología.