Un grupo de parlamentarios oficialistas, encabezado por el diputado por la Región de Magallanes, Alejandro Riquelme, intensificó las gestiones para que el Gobierno de la República Argentina deje sin efecto el Decreto 457, normativa dictada en julio de 2021 que incluyó al Estrecho de Magallanes dentro de una definición de espacios de “control conjunto” o uso compartido.
La ofensiva legislativa busca que el tema sea tratado directamente por el Presidente José Antonio Kast con su homólogo argentino, Javier Milei, ante un eventual encuentro bilateral en el Palacio de La Moneda. A la petición de Riquelme se sumaron los parlamentarios republicanos Stephan Schubert, Álvaro Carter y Catalina del Real, junto a la diputada Francesca Muñoz (Partido Cristiano de Chile).
Avances diplomáticos y falta de firma formal
La acción parlamentaria se produce luego de que el ministro de Defensa, Fernando Barros, señalara que la Casa Rosada mantendría redactado el documento que modifica su Política de Defensa para eliminar la alusión al paso marítimo austral, restando únicamente la firma de Milei. Pese a que el gobierno trasandino habría reconocido la interpretación de soberanía compartida como un error, no existe fecha cierta para la promulgación del cambio.
El diputado magallánico Alejandro Riquelme cuestionó la demora tras cinco años de vigencia del texto: “Si los tratados están vigentes y dicen que el Estrecho de Magallanes es de soberanía chilena, ¿por qué no lo dicen expresamente?”, enfatizó, exigiendo que la rectificación sea de carácter inequívoco.
Respaldos de las comisiones de RR.EE. y Defensa
Por su parte, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, Stephan Schubert, argumentó que una disposición administrativa posee un rango inferior a los tratados internacionales suscritos entre ambos países, como los límites fijados en 1881 y 1984.
En la misma línea, el titular de la Comisión de Defensa, Álvaro Carter, y la diputada Catalina del Real insistieron en que la soberanía chilena sobre el Estrecho es absoluta, catalogando como una falsedad cualquier insinuación de control compartido y llamando a concretar la derogación del Decreto 457 a la brevedad.