El pasado 11 de marzo un grupo de 17 extrabajadores de diferentes áreas de la Corporación Municipal de Natales (Cormunat) recurrieron al Juzgado de Letras y Garantía para presentar una denuncia por vulneración de derechos y despido discriminatorio, tras ser desvinculados por la entidad, pero adeudando el pago de sus cotizaciones previsionales tras el traspaso al SLEP de Magallanes.
Los dardos apuntan a la alcaldesa y presidenta de la Cormunat, Antonieta Oyarzo, quien -en opinión de los denunciantes- habría tomado esta decisión de manera deliberada, realizando una reestructuración del personal administrativo de la Corporación con la contratación de personas con menor experiencia.
Los afectados, quienes se desempeñaban en las áreas de educación, salud, cementerios y bibliotecas, fueron notificados de su despido el pasado 29 de junio del año anterior, bajo la causal “necesidades de la empresa”, situación que no es comprendida por ellos, ya que hubo otros trabajadores que fueron reubicados a otros sectores, no siendo despedidos.
En la denuncia, este grupo de exfuncionarios argumentan que el despido de cada uno de ellos fue de carácter arbitrario, asegurando que no fueron informados los motivos de sus despidos ni razones que fundamenten un análisis del desempeño de cada uno de ellos al interior de Cormunat argumentando que fueron desvinculados aquellos profesionales que habrían sido contratados durante el período del exalcalde Fernando Paredes.
A través de una declaratoria pública, los abogados patrocinantes a estos acontecimientos, Camila Melero y Wladimir Chávez, afirman que “la empresa pasa por un déficit financiero y tiene 3 ingenieros comerciales. La empleadora mantiene a los dos que tienen las más altas remuneraciones y menos experiencia, y despida al que tiene una remuneración 50% más baja y mucha más experiencia en la empresa. ¿Cuál es la diferencia?”, señalaron.
Una vez ingresada la denuncia, los extrabajadores se mantienen a la espera de lo que dictaminen el tribunal.