Un nutrido grupo de manifestantes pertenecientes, al menos, a nueve agrupaciones de vivienda, se presentó desde muy tempranas horas de la mañana de ayer frente al edificio de los Servicios Públicos en Punta Arenas, exigiendo la renuncia del seremi de Vivienda, Marco Uribe, así como de la directora regional del Serviu, María Luz Gajardo, por “una labor ineficiente”, tal como lo expresó una de las voceras de la movilización.
La inconformidad se deriva según expresó la presidenta de la Agrupación de Vivienda “Esperanza”, Cristina Mamani, de una comunicación recibida por los miembros de algunas de estas agrupaciones de parte de una de las empresas constructoras en su rol de entes patrocinantes, donde les plantearon una serie de requerimientos que incluyen modificaciones dentro de la conformación de las agrupaciones, afectando la elegibilidad de “personas con discapacidad, adultos mayores y personas que sobrepasan el 40% del Registro Social de Hogares, sabiendo que en la región esas condiciones no se dan para todos”, cambios que fueron aplicados sobre la base de un reglamento que según asegura Mamani, se encuentra en investigación.
“Pedimos la renuncia de la señora María Luz Gajardo, directora regional de Serviu y de Marco Uribe, seremi de Vivienda, el cual ha impuesto un reglamento que está siendo investigado y lo van aplicando por terceros”, dijo Mamani, señalando a las mencionadas autoridades como responsables de permitir que los entes patrocinantes externos, realicen modificaciones a los requisitos y condiciones para la postulación, agregando que “ellos no se hacen responsables del correo enviado por Salfa y dicen que no están poniendo las reglas con las que está trabajando Salfa. En este caso, le pedimos que sean claros y que realmente digan quiénes son los que están aplicando estos reglamentos”.
Tanto la consejera regional Roxana Gallardo como el alcalde Claudio Radonich, expresaron su posición respecto de esta situación donde ambas figuras coinciden en la evaluación negativa de la gestión de las autoridades respecto de esta situación.
“Tenemos a cientos de familias protestando y exigiendo que se respete el orden y que se respeten las agrupaciones tal y como fueron conformadas, porque para poder inscribirse en la plataforma Minvu Conecta, deben cumplir con los requisitos que exige la ley”, comentó la consejera Gallardo, señalando además que “se quiere desarmar las agrupaciones traspasando una responsabilidad, que es del ministerio de velar por las familias, a una empresa privada”.
Por su parte, el alcalde Radonich comentó: “Lamentablemente con el cambio de gobierno hubo un cambio de criterio y dijeron que iba a ser una politica de vivienda regional y lo hicieron durante todo el 2022 lo que terminó con un reglamento cuestionado por todos”.
Finalmente, las agrupaciones seguirán a la espera de un espacio de diálogo que permita a las familias sortear las dificultades que plantea este reglamento y gozar de una gestión que respete los derechos, esfuerzos y el sueño de obtener su vivienda propia.