Hace
unas semanas se dio a conocer la llamada Comisión Tributaria para el Crecimiento y la Equidad del Ministerio de Hacienda, que tiene como
objeto formar un órgano consultivo transversal, integrado por expertos
en materias tributarias, que revisen la actual estructura tributaria y
entreguen recomendaciones.
El
documento contiene las conclusiones del trabajo llevado a cabo por esta
comisión, a fines de 2020 y comienzos de 2021, e incluye
recomendaciones sobre la mantención, eliminación o modificación de
diversos beneficios tributarios hoy vigentes. El informe da cumplimiento
a los mandatos entregados a la Comisión Tributaria y concluye la
primera etapa de su revisión.
El
informe de los economistas indica que el “costo fiscal” que tienen las
exenciones que reciben las zonas extremas es muy alto y, por lo tanto,
recomiendan revisar estos beneficios, con el objetivo de ver si es
posible lograr un mejor resultado de costo y beneficio para esas zonas,
considerando también el problema de contrabando que se podría estar
produciendo en estas zonas, sobre el cual no existe una estimación
precisa.
El
texto señala que existe variada legislación aplicable a Zonas Extremas
que establecen Zonas Francas (“ZF”) y Regímenes Preferenciales (DFL 341
de 1977, Ley 18.392, Ley 19.149, Ley 19.420, Ley 19.606, Ley 19.853, DFL
15). Todos estos últimos se refieren a las leyes de excepción como la
Ley Tierra del Fuego y Ley Navarino.
Ante
esto, la Asociación Gremial de Industriales de Tierra del Fuego y
Navarino, manifestó su preocupación frente a algunas opiniones negativas
en relación a algunos instrumentos de excepción agravado por la falta
de interés sobre temas geopolíticos.
Es
así que el presidente de la Asociación Gremial, Mauricio Inostroza,
expresó que “Justamente la creación de estas normas para zonas extremas,
por ejemplo, la misma Ley Navarino, tienen como origen y fuente
material, razones geopolíticas, necesidad de poblamiento y
establecimiento, además del fomento de desarrollo industrial”.
Desde la organización expresan que, la Asociación de Industriales
representa a 10 empresas de los más diversos rubros, pesquero, forestal,
textil y ganadero y generando alrededor de 1.000 empleos directos a los
que debe sumarse todo el empleo indirecto que se genera.
Inostroza dijo que “para las cientos de familias que se han instalado
en Tierra del Fuego y Navarino y que dependen de estas normativas para
mantener sus fuentes de trabajo, se abre un espacio de gran
incertidumbre. Pero sobre esto, los detractores a las leyes de fomento
no se pronuncian”.
Finalmente,
el líder de los industriales expresó que, “a pesar de las complejidades
del 2020, desde el sur del Estrecho de Magallanes, hemos seguido dando
empleo, oportunidades de desarrollo y hemos concretado nuevos proyectos
que dan oportunidades a muchas personas y sus familias. Por ello,
estaremos muy atentos al desarrollo de esta comisión y por sobre todo a
las voluntades políticas sobre estas leyes. Las autoridades centrales
saben o deben saber que en Magallanes nuestros intereses se defienden y
serán defendidos”.