Ayer,
el tribunal no accedió a modificar la prisión preventiva de un imputado
de ocasionar millonarios daños a la sucursal de BancoEstado en Punta
Arenas, en el contexto de la explosión social iniciada en octubre del
año pasado. En este sentido, el abogado de la intendencia de Magallanes
señaló que en este caso se querelló por Ley de Seguridad del Estado,
llegando a 16 las acciones legales presentadas en el Juzgado de Garantía
contra imputados que han cometido delitos en este contexto.
Anderson
Rayo Andrade, joven colombiano de 18 años, fue enviado a prisión
preventiva luego de ser investigado por la Unidad de Análisis Criminal y
Focos Investigativos (Sacfi) de la Fiscalía de Magallanes, a cargo del
fiscal Felipe Aguirre, quien en octubre del año pasado lo formalizó por
los hechos que ocurrieron en la tarde del 20 de octubre pasado, cuando
participó en las manifestaciones sociales. Sin embargo, se pudo
determinar su participación en los desmanes ocurridos tras las marchas
pacíficas, siendo advertido por las cámaras de seguridad que provocó
daños en los ventanales de las oficinas centrales de la sucursal
BancoEstado de la Plaza Muñoz Gamero, edificio que en 1991 fue decretado
como zona típica.
Al
imputado se le sindicó que con un palo rompió ventanales, además de
arrojar piedras. Los daños alcanzan los 35 millones de pesos. De esta
manera, el joven extranjero fue formalizado por los delitos de
desórdenes públicos y daños con la agravante de cometer estos actos con
ocasión de conmoción pública y en edificios de patrimonio de la ciudad.
El
defensor José Miguel Navarrete, argumentó en su alegato que su
representado solo tendría una participación en desórdenes públicos,
exhibiendo el video de las cámaras que Anderson Rayo, solo habría
arrastrado un palo hacia las barricadas, existiendo otros sujetos que
habrían cometido los daños al edificio de BancoEstado, rompiendo los
vidrios. El juez de Garantía Pablo Miño tras escuchar los alegatos, no
acogió la petición de que el imputado salga de la cárcel quedando con
arraigo regional, cerrándose la investigación, por lo que ahora la
Fiscalía tiene diez días para presentar acusación en contra del
extranjero radicado en Punta Arenas.
En
este sentido, el abogado de la Intendencia de Magallanes, Francisco
Javier Larraín, señaló que “se mantuvo la prisión preventiva de este
ciudadano colombiano por ocasionar daños calificados en la sucursal de
BancoEstado. Además en la audiencia se cerró la investigación, donde
además se indicó por el tribunal que no han variado las circunstancias
por las que se decretó la prisión preventiva, por lo que se mantuvo la
medida. La Intendencia por este caso presentó una querella criminal por
ley de Seguridad del Estado. Esta querella se suma a las 16 que ya hemos
presentado, esto es una acción coordinada con la Fiscalía y estas
querellas son contra personas identificadas, no contra quienes resulten
responsables como ocurre en algunos casos”.
Comerciantes a la Corte
Varios
de los comerciantes afectados con los daños provocados desde el
estallido social en octubre del año pasado, decidieron llegar a la Corte
de Apelaciones de Punta Arenas, presentando un recurso de protección
contra el Estado de Chile. En este caso, la acción de protección va
directamente tanto contra la Intendencia como la Gobernación de
Magallanes.
En
el recurso judicial, se indica que siendo pequeños comerciantes locales
y que como ha sido de público conocimientos, diversos establecimientos
han sido afectados desde octubre del año pasado en el centro de la
ciudad, siendo saqueados como incendiados. Se agrega que esta situación
ha puesto en riesgo a los trabajadores que se desempeñan en los locales
ya sea síquica y físicamente, como también a la conservación de su
puesto de empleo. Se señala en la acción presentada ante el Tribunal de
Alzada que el 31 de enero pasado, esta situación se vio agravada con la
destrucción de cuatro locales más un kiosco, en calle Bories con Avenida
Colón, como también otros edificios como el Hospital de las Fuerzas
Armadas. “Desafortunadamente el Estado de Chile por medio de la
Intendencia y la Gobernación, ha incumplido su deber de garantizar el
orden y la seguridad pública interior, obligación que debe cumplir a
través de la fuerza de orden y seguridad pública, omisión que ha
permitido que sucedan hechos como los mencionados anteriormente”. Indica
el recurso que además exige que “teniendo presente las amenazas de
nuevas y graves afectaciones a las garantías constitucionales,
requerimos como pequeños empresarios urgentemente de la necesaria
presencia y acción disuasiva y protectora de las fuerzas de orden y
seguridad pública”.
Fiscal Sacfi
El
fiscal Felipe Aguirre, jefe de la Unidad de Análisis Criminal y Focos
Investigativos (Sacfi) de la Fiscalía de Magallanes, señaló que “se
continúa con la investigación de otros focos que han conmocionado a la
comunidad magallánica. Hemos tenido reuniones con Carabineros y la PDI
se está sumando. Estamos preocupados de tener un contacto más directo
con los comerciantes y empresarios que se han visto afectados de estos
daños. Muchos de ellos están angustiados por lo que se viene cada
viernes. Es importante que ellos hagan sentir su necesidad de
protección, y siempre es necesario reforzar las medidas que está tomando
Carabineros, uniendo fuerzas, ya que lo mismo que ocurrió el pasado
viernes en pleno centro, y sabemos que hubo sujetos organizados”.
El
persecutor indicó que “no hubo detenidos el viernes a raíz del incendio
a los locales del centro de la ciudad por un ataque que se produjo a la
fuerza pública. Pensamos que se pueden tomar medidas para ir logrando
obtener información, y en ese sentido creemos que todos los organismos
que estamos dedicados a la investigación, como la prevención es recabar
la mayor información posible”.
Aguirre
dijo además que “este es un fenómeno que están vinculados, donde hay
detenidos que participan en desórdenes, pero que no participan en
delitos más graves, y que esos casos son materia de persecución por la
Fiscalía Local. Como unidad de análisis y junto a los mismos afectados
que ya se están organizando es incidir en bajar los ataques. No obstante
no hay que perder de vista que el orden público le corresponde a
Carabineros como a la autoridad de Gobierno”.