Lo
anterior debido a que según explicó Arcos, “un funcionario del la
Intendencia me comunicó que había un plan para perjudicarme en la
campaña parlamentaria, el que consistía en buscar algún subterfugio
legal para quitar el beneficio de la Ley Navarino a alguna sociedad
relacionada a mi persona. Lo que se me comentó es que se iba a realizar
un procedimiento oculto, y que para eso se recurrió a usar un domicilio
que no es el de la empresa y de esta forma se iba a lograr que se haga
el proceso con una apariencia de legalidad, ya que el representante
legal no se iba a enterar de nada hasta que el Intendente anunciara en
los medios de prensa que se le quitaba el beneficio de la Ley Navarino”.
Tras
la presentación de Arcos, Contraloría presentó al intendente un informe
en el que se le solicita, que durante los próximos seis días se haga
entrega de los antecedentes expuesto por el demandante y se señale cuál
es el procedimiento que se ha realizado.
Arcos manifestó que “es bueno que hoy Contraloría esté actuando debidamente y esperamos que esto se resuelva a la brevedad”.