Dictamen
de la Contraloría, emitido en noviembre, señala la forma en que se debe
distribuir el dinero para proyectos en la Región de Magallanes. Según
el documento, los proyectos e iniciativas específicas por montos
iguales o inferiores a 7.000 UTM ($300 millones) no requieren ahora de
la aprobación del Consejo Regional.
Estos dependerán del intendente o del futuro gobernador regional. El
mecanismo proviene de una ley que introdujo cambios a la administración
del Gobierno Regional con miras a la elección del gobernador pero no se
estaba aplicando. El
intendente y más adelante el gobernador regional podrán decidir
entonces asignar o no recursos dentro de marcos presupuestarios.
El
documento señala que “requerido su informe, la Subsecretaría de
Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) señaló que conforme a la
nueva normativa no correspondería someter a la aprobación del consejo
regional, los proyectos por sumas inferiores a 7.000 UTM, pero que dado
que no ha sido dictado el aludido texto reglamentario, procede que, en
el período de transición, dicho órgano colegiado apruebe todas las
iniciativas, sin distinción de montos”.
Complementa
además: “la inversión de dichos recursos deberá ajustarse a los
criterios de priorización que, para tal efecto, se incorporarán en las
glosas de los ítems o marcos presupuestarios”, y que el gobernador
regional “someterá a la aprobación del Consejo Regional la propuesta de
estos marcos presupuestarios, una vez publicada la respectiva Ley de
Presupuestos del Sector Público. Cada marco presupuestario aprobado por
el Consejo Regional podrá contar con especificaciones que regulen su
uso”.