“En el libelo
interpuesto en autos se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir
la vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20 de la
Constitución Política de la República, razón por la que el recurso debió haber
sido acogido a tramitación”, sentenció este viernes (14 de agosto) la
resolución emitida por la 3ª sala de la Corte Suprema, ordenando acoger a tramitación
el recurso de protección interpuesto por la empresa Inversiones Australes, en
contra del cese anticipado del contrato de concesión del transporte mayor en
Punta Arenas.
Tal como lo había
adelantado el gerente general de la firma, Roberto Rodríguez, en julio pasado la
empresa inició las acciones legales pertinentes, luego que fueran notificados
que se pondría término por adelantado al contrato de administración del actual
sistema de transporte mayor en la capital regional, Vía Austral.
Se presentó entonces
un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra del
Decreto Exento N° 1148, dictado por la Ministra de Transporte y
Telecomunicaciones, Gloria Hutt Hesse, que puso término unilateral y anticipado
al “Contrato para el Otorgamiento de Subsidio a la Prestación de Transporte
Público Urbano Remunerado de Pasajeros”, por infracción a las garantías
constitucionales del recurrente.
Los principales
argumentos de la empresa son que dicha determinación se habría tomado sin la
debida consulta de la Contraloría de la República, se habría vulnerado el
debido proceso, se habría incumplido con lo dispuesto en las Bases de
Licitación y el contrato respectivo en la aplicación de sanciones, entre otros
que viciaría la decisión de la jefa de la cartera de Transportes.
Sin embargo, la
Corte de Apelaciones de Santiago resolvió en su momento no acoger a tramitación
el recurso interpuesto de manera apropiada y dentro de los plazos legales por
Inversiones Australes, obligando a la firma a recurrir ante el máximo tribunal
de la nación.
Fue así entonces
que la tercera sala de la Corte Suprema determinó revocar la resolución
anterior, ordenando que se tramite conforme a derecho el recurso interpuesto
contra la ministra Hutt, y se continúe con la acción constitucional.
Con lo anterior,
el proceso de contratación directa que ha planteado el Ministerio de Transportes,
podría quedar en suspenso en la medida que prospere en tribunales la acción planteada
por la actual operadora del transporte mayor de la ciudad.