Por
el delito de prevaricación y un cuasidelito de homicidio, la familia de
una adulta mayor interpuso ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas
una querella criminal contra quienes resulten responsables, en un caso
que se remonta al mes de julio de este año, y donde, tras una serie de
decisiones erróneas, se tuvo que lamentar el deceso de la señora María
Fernandoy Relagante.
Todo
comenzó cuando se aplicó la cuarentena para la capital regional de
Magallanes por los altos contagios de Covid-19, medida decretada en
carácter de total para las personas mayores de 75 años, quienes quedaron
totalmente imposibilitados de salir de sus hogares.
Fue
así que en una causa judicial por supuestos abusos en perjuicio de la
señora María, la magistrada del Juzgado de Familia de Punta Arenas,
Marcela Vergara, ordenó el 28 de julio pasado el ingreso al Hospital
Clínico de Magallanes de la víctima, con el objeto de que ésta pudiera
recibir atención médica adecuada.
En
agosto de este año, en esa misma causa, dicha jueza habría dispuesto en
la audiencia de preparación de juicio una medida cautelar que consistía
en que la mujer afectada fuese ingresada a un Establecimiento de Larga
Estadía del Adulto Mayor, por un plazo de 180 días.
Sin
embargo, mientras esperaba el cupo respectivo para formar parte de este
Eleam, ella se mantendría internada en el principal recinto asistencial
de Punta Arenas, y de acuerdo a la disponibilidad de camas, se podría
ORDENAR su traslado a un Hospital de menor complejidad dentro de la
Región.
De
esta forma, los hijos de la víctima ingresaron un escrito al tribunal
solicitando el egreso de su madre del Hospital Clínico, por haberla
encontrado en malas condiciones cuando la fueron a ver, constatando que
no la habían aseado, y que estaba totalmente abandonada.
Sin
embargo, y tras permanecer por algunos días en el recinto médico, la
señora María se contagió de Covid-19, y a causa de este mortal virus
terminó perdiendo la vida a las 23,50 horas del sábado 29 de agosto.
“Todo
esto hace que esta persona, de una edad superior a los 75 años, se
contagie de Covid y termine falleciendo producto de esta resolución que
nosotros consideramos absolutamente injustificada por parte del
Tribunal, donde no se observan las mínimas normas que había establecido
la autoridad sanitaria y expone la salud de la víctima al contagio y a
fallecer producto de esta enfermedad”, sostuvo el abogado patrocinante,
Juan José Arcos.
Por
todo lo anterior, la querella pide que se remitan los antecedentes a la
Fiscalía Local, a fin de que en definitiva se formalice la
investigación, para que los responsables de estos ilícitos sean
condenados a tres años de presidio, al pago de los perjuicios y demás
indemnizaciones legales que se deduzcan en la acción civil
correspondiente.
También,
solicita que se efectúen diversas diligencias y se llame a declarar,
entre otras personas, a la otrora seremi de Salud de Magallanes, Mariela
Rojas, con el fin que dé cuenta de las recomendaciones existentes sobre
el acceso de personas de la tercera edad a los hospitales con pacientes
Covid-19.