En una ofensiva gremial y política desplegada en la zona central del país, una delegación de la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud (Fenpruss) viajó desde la Región de Magallanes hacia Santiago y la sede del Congreso Nacional en Valparaíso para advertir la crítica situación financiera proyectada para el sistema público en el Presupuesto 2027.
La comitiva magallánica, encabezada por la dirigencia regional en conjunto con la mesa nacional de la organización, sostuvo intensas rondas de trabajo con legisladores para instalar las urgencias de la salud austral en el epicentro de la discusión presupuestaria. Entre los encuentros clave figuraron reuniones con el diputado por Magallanes Carlos Bianchi y la senadora por la Región de Aysén Ximena Órdenes.
Durante las citas, la presidenta de Fenpruss Magallanes, Jéssica Mensing, acompañada por el secretario de Finanzas nacional, Guillermo Henríquez, y la directora nacional, Pamela Araneda, expuso la magnitud de las brechas financieras que amenazan la operatividad técnica y clínica de los recintos de la red hospitalaria austral.
Alarma por caída del 25,1% en recursos para Magallanes
La dirigenta regional remarcó que las asignaciones estimadas comprometen de forma severa las atenciones médicas en el extremo sur: “Viajamos a Santiago porque la salud de Magallanes no puede quedar postergada en el debate central. Los recursos operacionales proyectados para 2027 presentan un déficit de 18.166 millones de pesos respecto al cierre de 2026, lo que representa una caída del 25,1%“, advirtió Mensing.
Asimismo, la representante gremial detalló que el escenario a nivel país evidencia una insuficiencia estructural: “El Presupuesto 2027 presenta una brecha global de 9,1%, dejando a 26 hospitales con financiamiento insuficiente, sumado a recortes en la Ley Ricarte Soto y el Programa de Inmunizaciones”, enfatizó la profesional.
Exclusión en traspasos y precariedad laboral
Junto con el desfinanciamiento presupuestario de los recintos, la dirigencia de Fenpruss representó ante los parlamentarios la profunda inquietud que existe respecto al estancamiento de las condiciones de estabilidad del personal sanitario.
En ese sentido, el gremio denunció el impacto de la precarización laboral en el sector público tras haberse autorizado apenas 136 traspasos de trabajadores a honorarios al régimen de contrata durante 2026, medida que dejó derechamente excluidos a 17 Servicios de Salud del país, impidiendo regularizar la dotación profesional que sostiene las unidades críticas.