El sector productivo de Magallanes, a través de Enrique Le Dantec, Secretario Director de la CPC regional, emitió duras críticas contra la implementación de la Ley 21.600 (Ley SBAP). El gremio califica el proceso como “apresurado” y “centralista”, advirtiendo que podría ser “desastroso” para la región.
La preocupación se centra en la propuesta de 99 Sitios Prioritarios a nivel nacional, que impactarían a más del 60% del territorio magallánico. Tres zonas clave —Canal Fitz Roy, Bahía Lomas y Tres Puentes— podrían generar incertidumbre regulatoria masiva. Le Dantec explicó que la norma podría afectar no solo los sitios delimitados, sino también las zonas aledañas (hasta 3 km), obligando a casi cualquier actividad —incluso construir una casa— a someterse a un Estudio de Impacto Ambiental.
Las críticas se sustentan en una falla estructural del proceso: la selección de sitios se hizo sin reglamentos de consulta ciudadana definidos y se basa en documentación científica “muy pobre”. Además, los objetos de conservación son “genéricos” (“todos los fiordos y canales”), impidiendo una discusión técnica rigurosa.
Para la CPC, este proceso atenta contra la identidad del pionero magallánico, cuyo desarrollo se basa históricamente en el uso sustentable de sus recursos naturales. La Confederación anunció que se hará parte en las instancias legales para exigir que el proceso sea “rehecho” y que la administración del territorio recaiga en el Gobierno Regional, no en un órgano central.