Una
profunda indignación en la opinión pública generó ayer a nivel
nacional, la denuncia efectuada por el diputado Leonidas Romero, quien
cuestionó la decisión de ENAP de otorgar un bono por 500 millones de
pesos a un grupo de 13 altos ejecutivos de la estatal, como un incentivo
a la retención de talentos.
Las críticas fueron compartidas primero
por la diputada Sandra Amar quien calificó de contraproducente la
medida, “en momentos que la mayoría de las familias y trabajadores están
sufriendo por la crisis sanitaria”,
Luego,
ayer, los dirigentes sindicales de ENAP Magallanes, Guido Kusanovic y
Alejandro Avendaño, se sumaron a la molestia de la opinión pública respecto
de este hecho, exigiendo que se dé a conocer los nombres de los
ejecutivos favorecidos y, además, criticando el hecho que por un lado se
pide ajustes de costos y, por otro, se paga millonarios beneficios.
Ayer, la estatal salió al paso de estas críticas y emitió un comunicado sobre la materia.
Bono pagado en enero
Sin
desmentir la cifra informada, la estatal declaró: “ENAP cumplió con el
pago de las asignaciones establecidas en los convenios colectivos de sus
trabajadores, así como los contratos de ejecutivos. Cumplir con las
obligaciones laborales, ya sean legales o contractuales, para la empresa
no es una opción, sino que una obligación”.
Agregó que el bono en cuestión fue pagado en enero de este año, tal y como lo establece el contrato respectivo.
Millonario ajuste
Agregó
la empresa que en el escenario actual de emergencia sanitaria, el
directorio definió como prioridad, resguardar la salud de los
trabajadores, asegurar el abastecimiento de combustibles y disminuir al máximo las pérdidas que se generen por los efectos del Covid-19.
Esto
implicará un plan de austeridad que significará un ahorro de US$100
millones y un plan de recorte de inversiones por 270 millones de dólares
para este año. “La actual administración de ENAP ya presentó a
trabajadores y ejecutivos un plan que contempla una serie de medidas de
ahorro que implican la reducción de costos y otras medidas de austeridad
que la empresa está tomando”.
Agregó que “en el caso de medidas relacionadas
con el personal de la empresa, que consideren la revisión de
asignaciones y otros ítems, se requiere del acuerdo de los trabajadores
que tienen estos derechos por contrato, por lo que nos encontramos
trabajando con las dirigencias sindicales para su implementación, lo que
requiere necesariamente el consentimiento expreso de los trabajadores”, concluyó el comunicado.
ENAP
explicó ayer que en 2017, durante el Gobierno de la Presidenta
Bachelet, se fijó una asignación de retención que se paga cada tres años
y que forma parte del contrato de ejecutivos que integran la empresa.
Agregó que el actual directorio resolvió mantener el beneficio como una
herramienta más de gestión de la empresa.