Fue
una reunión franca y casi secreta. Tal es el temor que ha provocado la
escalada de violencia que ha azotado a la ciudad. De hecho, ninguno de
los participantes quiso entregar mayores detalles y menos arrogarse la
representación de un grupo de personas autoconvocadas para plantear a la
autoridad su profunda preocupación. “Hay mucho temor entre las personas
que tienen locales en el centro y que trabajan allí. Todos los fines de
semana, está el miedo que te puedan destruir el local o le pase algo a
las personas que están trabajando en el comercio en el sector céntrico”.
Sin
embargo, a través del diálogo con los asistentes fue posible conocer
algunos de los principales aspectos abordados en ella y, especialmente,
el desalentador balance del encuentro. “Los jefes policiales fueron muy
francos en informarnos de todas las limitaciones que tienen en términos
de personal, material, incluso limitaciones legales para poder usar las
armas disuasivas como gases y balines de goma”, expresó uno de los
asistentes.
En
el encuentro participaron no menos de 80 comerciantes de Punta Arenas y
el alto mando de Carabineros y la coordinadora de Seguridad Pública,
Jénnifer Rojas.
La
reunión habría surgido de modo espontánea, luego de la total
destrucción de cuatro locales comerciales en el centro de Punta Arenas,
ocurrida la madrugada del sábado pasado. La misma fuente comentó también
que a estas limitaciones se suma el hecho que, durante el encuentro, se
plantearon las graves dificultades que encuentran las policías para
generar los medios de prueba necesarios para procesar y condenar a los
autores de los actos de vandalismo por parte de los jueces en especial,
medios de prueba que puedan cumplir con los criterios que exigen los
jueces de garantía para decretar las medidas que la ciudadanía espera y
que es detener, procesar y condenar a los responsables.
Otras falencias
Pero no todo se debería a falencias en las policías, los medios disponibles e, incluso, el actuar de la Fiscalía a los jueces.
Durante
la reunión surgieron otros puntos que contribuyen a mantener el
conflicto. “Se nos planteó que hay un problema muy serio con el recinto
abandonado del antiguo hospital de Punta Arenas, el cual se ha
convertido en un lugar habitual de reunión de grupos delictivos y que la
comunidad no ha logrado resolver”, indicó uno de los asistentes a la
reunión.
Otro
punto es la falta de organización de los propios comerciantes del
centro. “Lamentablemente, no tenemos tampoco una organización gremial
que nos agrupe o que esté funcionando. El presidente de la Cámara de
Comercio e Industrias de Punta Arenas, no asistió; me hubiera gustado
verlo, tal vez no lo invitaron pero a mí tampoco me invitaron, pero
cuando supe, fui de inmediato”, comentó uno de los asistentes.
Acciones
Sobre
los pasos a seguir, el primero y más concreto fue el deseo de generar
formas de comunicación y coordinación entre los participantes para
discutir los temas abordados y tomar acciones en conjunto.
Por ahora, este sería el resultado más concreto de la reunión. Los pasos a seguir surgirán del diálogo entre los participantes.
Las posibilidades discutidas son varias pero todavía no hay decisiones.
Una
de las que tendría mayor consenso es un emplazamiento a los cinco
parlamentarios de la región, para que en caso de continuar la escalada
de violencia, le pidan al Gobierno el establecimiento de un nuevo estado
de excepción en Punta Arenas.
Otra
opción posible, aunque goza de menos apoyo, es no dejar la calle a los
violentistas y salir a defender la ciudad con marchas pacíficas que
demuestren que si bien la ciudadanía quiere cambios, rechaza
tajantemente el vandalismo.
Organizarse
para defenderse o, al menos, informarse y ayudarse unos a otros, es
otro de los objetivos de los comerciantes de Punta Arenas, ante la
creciente gravedad de la situación social que vive la ciudad.