La Corte de Apelaciones de Punta Arenas resolvió remitir al Ministerio Público antecedentes para que se investigue el delito de apropiación indebida por parte de la Corporación Municipal (Cormupa), por el no cumplimiento del pago de las cotizaciones y préstamos de sus funcionarios a la Coopeuch y Caja de Compensación La Araucana, accediendo a diversas diligencias solicitadas por el Sindicato de Asistentes de la Educación, representado por su presidente, Javier Quintul.
Sumado a ello, la Corte de Apelaciones, con fecha 6 de enero, rechazó la orden de no innovar solicitada, presentada por el equipo jurídico de Cormupa, que pretendía destrabar $ 382 millones que el Ministerio de Educación tiene retenidos por el no cumplimiento de los derechos sociales de sus trabajadores. Además, hizo parte al Sindicato de Asistentes de la Educación de Punta Arenas, en el recurso presentado por las retenciones del Ministerio de Educación, que será representado por el Consejo de Defensa del Estado.
El procedimiento se inició con fecha 27 de diciembre de 2015, por la decisión de los asistentes de la educación de Punta Arenas de hacerse parte ante la Corte de Apelaciones, para que se mantenga la retención dispuesta por el Ministerio de Educación, lo que mantiene “sitiados” los recursos referidos.
La defensa de la Cormupa no ha logrado probar la ilegalidad o arbitrariedad en el actuar de la Subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, y la Seremi de esa cartera en Magallanes, Margarita Makuc, que presuntamente actuaron en el marco legal y protegiendo el derecho de los trabajadores.
El alcalde de Punta Arenas, Emilio Boccazzi, enfrenta su peor momento en el municipio, lo que amenaza comprometer además la responsabilidad penal no sólo del alcalde sino de su equipo de confianza en la Cormupa, que habría permitido millonarias retenciones de dinero en forma ilegal, los cuales hoy no puede restituir, lo que ha perjudicado a los trabajadores. El Ministerio Público tiene la palabra y deberá investigar estos irregulares comportamientos y establecer la responsabilidad penal de los involucrados.