La Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) mantiene en operaciones la Oficina de Defensa Jurídica Integral para Personas Mayores (Odam), unidad especializada que desde 2020 brinda patrocinio legal y contención a este grupo etario en la Región de Magallanes. El trabajo en terreno está a cargo de una dupla sociojurídica integrada por la abogada Johanna Barría Ruiz y la trabajadora social Roxana Jiménez Montanares.
En el balance de sus intervenciones, el organismo identificó una marcada recurrencia de episodios asociados a negligencia y abandono, problemáticas que hoy superan en volumen a las denuncias por agresiones físicas, psicológicas o económicas. Estos hechos afectan principalmente a personas con distintos grados de dependencia o con cuadros de demencia y deterioro cognitivo. Asimismo, los reportes consignan casos de violencia filio-parental, ejercida por hijos o descendientes que vulneran la autonomía de sus progenitores e imponen restricciones patrimoniales y personales abusivas.
Cifras de atención y juicios de curaduría
En el periodo comprendido entre 2023 y agosto de 2026, la unidad registró un flujo mensual constante de 54 a 67 atenciones directas, mientras que las causas formalmente judicializadas alcanzaron un promedio de 13 a 18 ingresos al mes. Dentro de los litigios presentados ante los tribunales, entre el 40% y el 52% correspondió a juicios de curaduría.
El director regional de la CAJ, Alejandro Donatti Otárola, explicó que los antecedentes ingresan tanto por consulta espontánea como por derivaciones judiciales y de servicios públicos desde las cuatro provincias del territorio austral. A diferencia del modelo operativo de otras regiones, en Magallanes el dispositivo litiga materias civiles, de familia y causas penales vinculadas a violencia intrafamiliar.
Por su parte, el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Cristóbal Fernández Jofré, relevó la labor técnica interdisciplinaria que ejecuta la entidad para garantizar la representación y resguardo de las personas mayores en la zona austral.