Jacqueline Lleucún, trabajadora social y funcionaria del Ministerio de Vivienda en Punta Arenas, mira por un momento atrás y se emociona: “En pandemia, todo el personal de nuestro departamento no dejó de trabajar ni un solo día, personalmente tuve dos veces Covid y no paré, la construcción no se detuvo un solo día por responsabilidad nuestra, a pesar de las graves condiciones sanitarias de entonces y que ahora te apunten por situaciones que ni siquiera son de nuestra área, creo que es una gran deslealtad de parte de nuestras jefaturas”.
Hasta julio del año pasado, Jacqueline Lleucún era jefa del Departamento de Operaciones Habitacionales del Ministerio de Vivienda en la Región de Magallanes, cartera en la cual ya lleva 13 años de labor.
Según explica, se trata de una de las dos áreas más importantes del ministerio con directa relación con la comunidad y a cargo de dirigir todo el proceso de postulación de las personas y las agrupaciones a los beneficios del Ministerio de Vivienda. “Vemos las coordinaciones con otras instituciones, la evaluación social de las familias, es un cargo de mucha relación con la comunidad, pero desde lo técnico y lo social”, comenta.
Sin embargo, en abril del año pasado, cuando asumieron las nuevas autoridades regionales del Ministerio de Vivienda, todo cambió, recuerda.
“Fui marginada de las reuniones de coordinación estratégica y con las entidades patrocinantes, pedí lineamientos para mi labor y no se me entragaron, tampoco se me permitió exponer la planificación anual del departamento ante el ministerio. Todo eso hizo que fuera muy difícil poder ejercer mi trabajo… dirigí un montón de correos al seremi de Vivienda, Marco Uribe, informando esta situación, pero nunca recibí una respuesta”.
Lleucún denuncia un presunto maltrato laboral por este tipo de prácticas.
Pero faltaba lo peor, dice.
El 26 de julio del año pasado, se les informó a ella y a otros dos funcionarios que habían sido suspendidos de sus funciones. “Se nos dijo que estábamos suspendidos de nuestras labores, no se nos dijo porqué, que debíamos abandonar el edificio, sacar nuestros objetos personales y que no tendríamos acceso al correo institucional. Quedé en shock, nunca había visto una cosa así”, dice la funcionaria.
“Al día siguiente nos indicaron los cargos y, dado el secreto del sumario, solo puedo decir que son materias de otro departamento y si hay alguna irregularidad, atañe a ellos”.
Lleucún quien enfatiza que nunca ha hecho pública su posición política por ser algo personal, agrega que, incluso, se daba la irregularidad de tener a una persona como juez y parte en esta investigación sumaria.
Debido a ésta y otras irregularidades, indicó, el caso fue extraído del ministerio y está en manos de Contraloría, hasta ahora sin avances.
“Ha sido chocante todo esto y muy difícil de sobrellevar”, concluyó.