Un
viejo dicho afirma que el camino al infierno está lleno de buenas
intenciones, algo que, lamentablemente, no es raro en política, donde
los más vibrantes y emotivos discursos pueden transformarse en crueles
realidades, al cabo de pocos años.
Y
eso es precisamente lo que algunos expertos advierten que puede ser la
consecuencia más negativa del cierre definitivo de Mina Invierno, un
largo proceso que esta semana entró, fatalmente, en su etapa de no
retorno, según dijo la empresa.
En
este caso, si bien muchos celebran el supuesto beneficio ambiental que
significará el cierre de una mina de carbón en uno de los ambientes más
prístinos del planeta, el tema concreto es que la demanda de carbón de
nuestro país, no disminuirá en los próximos años. Chile importa desde
Estados Unidos, Australia y Colombia, más de 11 millones de toneladas al
año. En tanto, Mina Invierno generó más de 11 millones de toneladas de
carbón en sus siete años de operación, casi dos tercios de ellos para
el mercado nacional. “Cuando dejemos de operar nuestra producción va a
ser suplida por producción colombiana mucho menos sustentable
ambientalmente”, dijo en su momento, Guillermo Hernández, gerente de
Mina Invierno.
En otras palabras, el beneficio ambiental para el planeta será nulo o, incluso, podría ser negativo.
Y
lo que ocurre con este aspecto esencial, se advierte una y otra vez en
todo el proceso que rodeó los 14 años de tortuosa historia, llena de
luces y sombras, del proyecto Mina Invierno. Como en un baile de
máscaras, todos los aspectos positivos de uno y otro lado, finalmente,
terminaron estrellándose contra callejones sin salida, invisibles, pero
dramáticamente palpables. Sí, se cierra la mina, pero no disminuyen las
emisiones de carbón que arrojamos a la atmósfera.
Sí,
se mantiene inalterado el patrimonio paleobotánico de Isla Riesco, pero
nada asegura que alguna vez se pueda rescatar algo más de aquello para
su conocimiento y preservación, ya que su extracción estaba ligada a la
actividad minera que permitió su hallazgo, como defendió sin éxito Iván
Hunter, voto de minoría en el fallo que determinó el cierre de la mina.
Incluso con tronaduras, aquel patrimonio no sería afectado, había
sostenido el experto nipón Harufumi Nishida.
Sí,
se cierra una actividad extractiva, pero los sectores ambientalmente
sustentables que tanto se dijo que podrían absorber estos puestos de
trabajo -turismo, comercio, otras industrias- también se hundieron bajo
el peso de la pandemia y, con ello, la crisis social de la región se
hizo mucho más profunda de lo que cabía esperar, tras el cierre.
Y
es que el impacto sobre la economía regional, no podía ser menor. Sólo
en 2018, la empresa generó mil 104 empleos directos y miles más
indirectos. Ese año, la minera generó contratos a 228 empresas de la
región. De ellas, 199 eran pymes que recibieron contratos por siete
millones 900 mil dólares y 29 grandes empresas recibieron contratos por
cinco millones de dólares. Todo eso se ha ido.
Y lo que más preocupa es la señal que queda.
María
Isabel González integró por nueve años la Comisión Nacional de Energía,
cinco de los cuales como secretaria ejecutiva de ese organismo. Hoy
trabaja como consultora de la industria minera nacional, pero su
cercanía con el proyecto Mina Invierno es relevante. En los inicios de
su carrera como ingeniera civil
en Minas, participó en la exploración que Corfo efectuó en Isla Riesco,
precisamente, con el objeto de determinar su potencial de extracción.
– ¿Y entonces, nunca se supo que la composición de la roca exigiría tronaduras en un momento dado?
“En
la etapa de la exploración uno lo que hace es determinar las reservas
que existen y que son cuantiosas y la calidad de esas reservas, el
método de extracción es responsabilidad de quien compra la mina… no se
puede comparar los sondajes que se hacen para explorar un yacimiento,
con toda la información que se arroja, una vez que se ha puesto en
marcha la explotación”.
– ¿Y qué le parece lo ocurrido con el proyecto, en definitiva?
“Es lamentable, porque no sólo significa la pérdida de más de mil
empleos para la región que eran importantes, sino que también, tiene
consecuencias indeseadas respecto del futuro de la minería en Chile. En
la minería, siempre o casi siempre, se hacen tronaduras y el hecho que,
por esta decisión de la justicia, no se pueda hacer en un lugar
deshabitado y con argumentos que son bastante frágiles como es esto de
preservar los fósiles vegetales que estarían mejor preservados, si la
empresa pudiera recuperarlos y mostrarlos”.
Agregó
que “aquí hay un tema ético, porque ¿qué es más importante?, ¿preservar
un lugar prístino o el bienestar del ser humano? Si no fuera por la
actividad minera, Chile sería bastante más pobre de lo que es. El PIB de
Chile sería del orden del 50% más bajo que si no tuviéramos minería”.
– ¿Queda la sensación que el problema de fondo es que se trataba de una mina de carbón?
“Creo
que efectivamente, esto tuvo que ver. Pero todavía la mayor proporción
de la electricidad que se genera es con carbón. El 35% del Sistema
Interconectado que abastece de electricidad desde Arica a Chiloé, es con
carbón y eso seguirá hasta 2040”.
Admitió
que hay un proyecto de ley que busca erradicar las centrales a carbón
en 2025, “pero eso encarecería las tarifas eléctricas de hogares y
empresas, afectaría la competitividad del país y generaría, además,
serios problemas de seguridad en el suministro”.
El juego de luces y sombras se acrecienta con la frágil institucionalidad ambiental que, en este episodio, demostró sus falencias. “Hay mucho que mejorar”, comenta.
TRABAJADORES
Mientras,
para cientos, sino miles de trabajadores, lo ocurrido con Mina
Invierno, es una tragedia que se vive día a día, tanto en la región,
como fuera de ella.
“Yo
me siento mal porque despidieron más de mil personas en la Mina
Invierno y ¿cuánta gente quedó sin trabajo? Y ahora, recién, los
políticos se están dando cuenta de la tremenda embarrada que dejaron”,
nos dice Rubén Antonio Millaquén, uno de los poco más de 40 trabajadores
que aún permanecen en la mina.
Aunque
en agosto de 2018, cientos de trabajadores llenaron las calles de Punta
Arenas en demanda de apoyo a la mina, desde entonces no se han visto
marchas similares, en gran parte debido a un notable trabajo de
reinserción laboral realizado por el Ministerio del Trabajo.
El
costo familiar, sin embargo, fue inmenso pues muchos de los
trabajadores reinsertados debieron abandonar Magallanes en busca de
nuevas oportunidades.
Pieza
clave en este logro fue la seremi del Trabajo, Victoria Cortés. La
autoridad comentó: “Tal como lo había informado la empresa, durante
estos días se está concretando el paulatino cierre de Mina Invierno. Se
trata de un proceso que para la región resulta muy triste, no sólo por
la cantidad de empleos directos e indirectos que representaba la
empresa, sino, sobre todo, por la cantidad de familias que hay detrás de
este proyecto, que ha sido tan relevante para Magallanes. Nosotros,
como Ministerio del Trabajo, estuvimos desde un principio trabajando con
la totalidad de los trabajadores de la minera, apoyando procesos de
intermediación laboral y de capacitación en otras áreas a fin de
facilitar su reinserción”, dijo la autoridad quien manifestó la voluntad
de seguir apoyando a los trabajadores en este proceso, el cual todavía
está en desarrollo, indicó.
RÍO VERDE
La
alcaldesa de Río Verde, Tatiana Vásquez, se mostró dolida. “Estamos
viendo el desarme de Mina Invierno. ¿Qué puedo decir?, tengo dolor que
una empresa ejemplar termine así. Yo espero que la Corte Suprema haga
justicia. Esto era una crónica de una muerte anunciada, tiene
responsables y todos sabemos quiénes son”.
CPC MAGALLANES
El
presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio de
Magallanes, Alejandro Kusanovic, declaró: “Me parece lamentable que un
Estado tenga estas políticas donde se cierran empresas, perdiendo empleo
y, más encima, condenando a la incertidumbre energética a la Región de
Magallanes. Hoy no hay energía de bajo costo para que se vengan a
instalar las empresas y más problemas van a haber de empleo.
Es una doble condena”. Agregó que “para la gente tiene que haber un
responsable de esto y, tal como dicen que esto era un voto político,
esto también tiene que cobrarse como una cuenta política”, dijo el
dirigente gremial quien señaló que “es una paradoja que estén vendiendo
estos equipos a una mina de carbón en Australia, es decir, un país más
desarrollado que nosotros explota las riquezas que nosotros no”, indicó.
Pero también hay voces que culpan a la empresa.
GARCÍA
El exseremi de Hacienda y Economía del anterior gobierno, Christian García, también se refirió al tema.
Él
votó a favor de las tronaduras, durante la polémica sesión del Gobierno
Regional que rechazó este mecanismo de extracción. “La opinión de los
organismos técnicos a mi cargo era favorable y por eso voté a favor.
Pero otros ministerios opinaron diferente”.
Su opinión
sobre lo ocurrido es rotunda. “Es que si las condiciones de mercado no
están dadas para que una empresa sea sustentable no va a funcionar. Es
lamentable, pero no podemos permitir que opere cualquier empresa sólo
por la amenaza del desempleo y saltándonos toda la normativa ambiental o
la que sea para ello, porque si es así entonces también debiéramos
permitir el narcotráfico”, expresó.
Para
él, simplemente el argumento de que la empresa se dio cuenta después,
cuando ya había iniciado la explotación, que necesitaría realizar
tronaduras no es creíble. “¿En realidad, me van a decir que ellos no
sabían desde un comienzo que la roca tenía ese espesor y se necesitaba
de tronaduras? Creo que esa actitud de la empresa de decir una cosa y
luego que los hechos digan otra, es lo que finalmente hace que el
proyecto termine cayéndose y el proyecto pierda fuerza”, dice García,
quien insiste en que “en este tema se está haciendo un uso político de
lo ocurrido”.
CORREA
El
economista Manuel José Correa lamentó la pérdida de empleos y la
separación obligada de muchas familias magallánicas en busca de nuevos
horizontes laborales fuera de la región. “Son fácilmente cinco o seis
mil personas que han tenido que enfrentarse al desempleo. Y en esta
etapa, ocurrió la pandemia, por lo que han tenido muchas dificultades
para integrarse al mercado laboral. Por lo tanto, muchas de esas
familias, magallánicos nacidos y criados acá, han tenido que emigrar o,
incluso partir todos. Recuerdo el caso de una abuela cuyos dos hijos
quedaron sin trabajo y debieron irse al norte y ella estaba sufriendo
enormemente, porque su familia se separaba. Ahora, ella tenía que irse
de la región, dejando atrás su vida. Ése es el drama de todo esto”.
Correa
acusó al exintendente Jorge Flies: “Él mismo dijo que por una
conveniencia política votó en contra y le puso la lápida al proyecto,
cuando los votos estaban divididos”, señaló.
Consultado
si hay responsabilidades de Mina Invierno en todo esto, respondió que
“la empresa cumplió con todos los requerimientos legales y lo que
sucedió en el tribunal de Valdivia fue con un voto dividido”.