El Consejo de Defensa del Estado (CDE), a través de su Procuraduría Fiscal de Punta Arenas, interpuso una querella criminal en el Juzgado de Garantía local en contra de la receptora judicial Patricia Reinike, y de quienes resulten responsables, por su presunta autoría en el delito reiterado de falsificación de instrumento público.
La acción penal se originó en el marco del litigio caratulado “Elanco Chile S.P.A. con Piscicultura Tierra Del Fuego S.A.”. De acuerdo con los antecedentes presentados por el organismo estatal, la imputada, prevaliéndose de su calidad de ministra de fe, certificó falsamente haber concretado dos notificaciones personales al representante legal de la firma demandada durante octubre y noviembre de 2023.
Los registros de la causa revelaron que el representante legal ni siquiera permanecía en la Región de Magallanes durante los días en que supuestamente se practicaron las diligencias. La funcionaria no entregó los documentos legales, omitió las copias de rigor y tampoco dejó cédula de citación en el inmueble, actuaciones que permitieron que el juicio civil avanzara bajo la apariencia de que la demandada estaba legalmente notificada y requerida de pago.
Tras la primera certificación, el tribunal competente instruyó a la receptora detallar el mecanismo con el que comprobó la identidad de la persona notificada, requerimiento que no fue respondido. Más adelante, los tribunales respectivos desestimaron y anularon la segunda notificación practicada bajo el mismo tenor.
El abogado procurador fiscal de Punta Arenas, Claudio Benavides, enfatizó la trascendencia penal del hecho y sostuvo que reviste la máxima gravedad: “La imputada, en su condición de funcionaria pública, faltó a la verdad e infringió los deberes de su cargo, el que consiste precisamente en actuar como ministra de fe encargada de practicar las notificaciones y diligencias encomendadas por los tribunales de justicia”.