El pleno de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas instruyó a su Fiscalía Judicial abrir una investigación disciplinaria contra el juez tributario y aduanero de Magallanes, Sergio Vera, a raíz de la controversia por operaciones inmobiliarias cruzadas con el Gobierno Regional (GORE).
La indagatoria apunta a la millonaria compraventa de una vivienda adquirida por el GORE al magistrado —destinada al servicio Mejor Niñez— y la posterior compra por parte del propio juez de una propiedad vinculada societariamente a la esposa del gobernador Jorge Flies.
Aunque el Tribunal Tributario y Aduanero (TTA) es un órgano jurisdiccional especial e independiente, permanece sujeto a la supervigilancia del tribunal de alzada magallánico mediante un ministro visitador. La investigación administrativa ya está en curso y se desarrollará en paralelo a las diligencias penales reservadas que lleva adelante el Ministerio Público, originadas tras un informe de la Contraloría General de la República.
La postura del juez tributario
Consultado en dependencias del TTA sobre el estado de las diligencias, el magistrado Sergio Vera declinó entregar declaraciones extensas, señalando que prefiere esperar el término de todos los procesos antes de referirse públicamente al fondo del asunto.
Sin embargo, el juez reconoció el impacto personal que le ha significado la situación y expresó “plena confianza en la legalidad de la operación”, recalcando que “la venta del inmueble se gestionó íntegramente a través de corredores de propiedades”.
Declaración de admisibilidad de querella
En la arista penal, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas declaró admisible la querella criminal presentada —en calidad de ciudadano— por el consejero regional Rodolfo Arecheta.
La acción judicial apunta contra el gobernador Jorge Flies y contra quienes resulten responsables por los presuntos delitos de negociación incompatible, tráfico de influencias, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.
“Las hipótesis delictivas hacen suponer la concurrencia no solo del gobernador, sino que también del vendedor del inmueble. Por lo mismo, la querella no solo es en contra de Jorge Flies, sino que también de quienes resulten responsables”, indicó Arecheta al explicar el alcance del libelo.
Con ambas vías abiertas, corresponderá a la justicia ordinaria y al órgano persecutor determinar si existieron irregularidades administrativas o penales en estas transacciones inmobiliarias.