La Corte de Apelaciones de Punta Arenas acogió este viernes 13 de noviembre el recurso de amparo interpuesto en favor del alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada Aguilar, dejando sin efecto la orden de arresto por tres días que había sido decretada en su contra por el Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir.
La resolución del tribunal de alzada se dictó luego de que durante dos jornadas consecutivas personal de Carabineros intentara ubicar al jefe comunal para ejecutar la medida judicial, sin lograr concretar el procedimiento.
El conflicto judicial tiene su origen en una causa de tutela laboral iniciada por Nataly Vivar Sánchez contra la Municipalidad de Porvenir, en la cual se acreditó una vulneración al derecho a la no discriminación. La sentencia firme estableció que la trabajadora podía optar entre recibir una indemnización equivalente a 11 remuneraciones o exigir su reincorporación al cargo de secretaria municipal u otro equivalente.
El 20 de octubre, Vivar comunicó su decisión de retornar a sus funciones. Ante ello, el juzgado otorgó un plazo de cinco días al municipio para dictar el decreto alcaldicio de reintegro, bajo apercibimiento de aplicar apremios. Sin embargo, la administración comunal informó la dictación del decreto alcaldicio N° 0761, mediante el cual dispuso el pago de una indemnización de $47.518.911 en lugar de concretar su regreso.
Frente a ese escenario, la parte demandante solicitó hacer efectivo el apercibimiento. El 10 de noviembre, el tribunal acogió la petición, ordenó el arresto del edil por tres días y dispuso remitir los antecedentes al Ministerio Público por un eventual delito de desacato.
Los argumentos de la Corte para anular el arresto
La defensa del jefe comunal recurrió de amparo ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, sosteniendo que la medida privativa de libertad resultaba arbitraria y desproporcionada al no fundamentarse por qué se descartó la aplicación de una multa.
Tras revisar la causa, el tribunal de alzada señaló que, si bien el juzgado de primera instancia posee facultades legales para decretar apremios, estos deben aplicarse de manera proporcional, racional y restrictiva al comprometer la libertad personal de la autoridad.
El fallo cuestionó la falta de fundamentación del tribunal porvenireño para optar directamente por el arresto, considerando que existía la alternativa de imponer una sanción pecuniaria y que se había fijado un plazo de solo cinco días para materializar la reincorporación. Con estos antecedentes, la Corte concluyó que la orden resultaba desproporcionada y resolvió dejarla sin efecto.