Un recurso de protección con orden de no innovar fue presentado ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas con el objetivo de paralizar de forma inmediata el traslado del imputado Ronald Eduardo Quiñones Quintero desde el Complejo Penitenciario de Rancagua hacia el penal de la capital magallánica.
La arremetida judicial fue encabezada por el abogado Dagoberto Reinuava, junto con el respaldo de autoridades y representantes regionales como el diputado Alejandro Riquelme, las concejalas de Punta Arenas Marcela Leichtle y Carla Jiménez, y el concejal de Puerto Natales Alejandro Cárdenas, actuando en representación de la comunidad local.
Falta de infraestructura y sobrepoblación penal
La medida busca impugnar la resolución dictada por la magistrada Carolina Llanos, del Juzgado de Garantía de Concepción. Según expuso la defensa en el escrito, la cárcel de Punta Arenas no reúne los requisitos para albergar a un interno bajo régimen de máxima seguridad: “Se ha dispuesto el traslado hacia un establecimiento respecto del cual Gendarmería ha informado públicamente que no cuenta con dependencias de esa naturaleza, a lo que se suma la sobreocupación del recinto”, argumentó el abogado Reinuava.
Asimismo, los recurrentes hicieron hincapié en la indefensión de los habitantes australes ante esta decisión judicial, advirtiendo que al no ser parte interviniente en la causa penal original, el recurso de protección representa la única vía constitucional para detener el traslado hasta que se revisen los informes técnicos reservados de Gendarmería.