En horas de la noche, Irma Mabel Ovalle Oyarzún abandonó el Complejo Penitenciario de Punta Arenas, ubicado en Avenida Circunvalación, tras permanecer más de 14 años recluida por el parricidio de su esposo, el suboficial en retiro Didier Celestino Mansilla Rivera.
La mujer, que fue condenada en 2013 a 20 años de presidio, continuará cumpliendo el saldo de su pena bajo el régimen de libertad condicional, beneficio acordado por la comisión jurisdiccional del Poder Judicial. Desde el ámbito penal aclararon que la salida del recinto penitenciario no implica el fin de su condena, sino el cumplimiento del tramo final sujeto a estrictas medidas de supervisión.
El crimen de 2012 y la controversia por el montepío
El brutal hecho de sangre se remonta al 29 de julio de 2012, cuando Ovalle se coordinó con Sergio Esteban Escalona Chiguay para terminar con la vida de Mansilla. Escalona contactó a la víctima a través de un perfil falso en redes sociales y concretó una cita en Punta Arenas. Una vez al interior del vehículo de Mansilla, lo atacó violentamente con un arma blanca en el cuello, provocándole la muerte horas después en el Hospital Clínico de Magallanes. Las indagatorias establecieron que la mujer había pagado a Escalona para ejecutar el crimen, por lo que el autor material también recibió una condena de 20 años por homicidio calificado.
La salida de Ovalle reactiva la atención pública sobre uno de los casos policiales de mayor conmoción en la historia reciente de Magallanes. Cabe recordar que su nombre ya había generado un intenso debate en mayo pasado, cuando la Corte de Apelaciones de Punta Arenas ordenó a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) restituirle la pensión de viudez derivada de la muerte de su esposo. La resolución judicial obligó al pago de montos retroactivos acumulados desde 2017, cifra que ascendió a cerca de $150 millones, generando un fuerte rechazo ciudadano debido a su condición de condenada por parricidio. La restitución se fundamentó en que no existía una sentencia civil previa que declarara expresamente la indignidad o inhabilidad para percibir dicho beneficio previsional.